La Regional 2 del Colegio de Arquitectos de Neuquén se ha dirigido al Intendente de la ciudad de Zapala, Sr. Carlos Koopmann con motivo de solicitarle su intervención a favor de la ciudadanía y en representación del espíritu democrático que su actual cargo reviste; en relación a las Ordenanzas de Actualización y Ampliación de las Normas de Ordenamiento Urbano y la Nueva urbanización sobre Av. Cañadón Este que aprueba la utilización de un espacio público para la ejecución de un proyecto de urbanización edilicia elaborado por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación.
Este pedido obedece a la imperiosa necesidad de evaluar las implicancias de ambas ordenanzas, aprobadas por el Concejo Deliberante sin haber sido tratadas previamente por los Colegios Profesionales y demás instituciones de la sociedad civil que serán impactados por los alcances de las mismas.
Con respecto a la Ordenanza de Reordenamiento Urbano, debemos mencionar entre su principal aspectos negativo para el desarrollo, el encarecimiento y nuevos conflictos de la tierra fiscal.
Por otro lado, la Ordenanza de urbanización del Cañadón Este implica resignar un espacio público a favor de un complejo urbano mixto, así como avanzar con un proyecto de desarrollo urbano que carece de la participación de los distintos estamentos sociales. Consideramos, como lo afirmamos sobre cualquier proyecto de interés público, que los mismos deben ser puestos en consideración a la sociedad zapalina en su conjunto, representada por las instituciones profesionales como los Colegios de Arquitectos, Agrimensores y de Ingenieros, así como otros actores sociales agrupados en la Cámara de Comercio e Industria, comisiones vecinales, entidades del bien público y otros.
Debemos ser claros y precisos en este punto informando que no hemos sido convocados por el área a cargo de ambos proyectos en ninguna de sus instancias de elaboración, y podemos extender este estado de la situación a toda planificación que desde allí se realiza. Cada intento de colaboración es tildado de inoportuno, crítico e inclusive “destructivo”; en cada oportunidad que advertimos que planificar sin participación ciudadana y sin datos sistematizados en un diagnóstico, está destinado al fracaso.
Cómo es de su conocimiento, porque así lo venimos expresando desde el inicio de su gestión gubernamental, nuestra trayectoria en el estudio del desarrollo o subdesarrollo de la ciudad y nuestra preocupación por incidir en la planificación urbana, nos permite seguir insistiendo en que los esfuerzos deben estar puestos en los procesos para optimizar los resultados. Por ello, resulta crucial que desde el Estado se dejen de elaborar proyectos de manera unidireccional e impuesta, sin participación de los actores sociales a quienes van dirigidos, sin debate público y sin un exhaustivo informe diagnóstico que lo respalde y que facilite la toma de decisiones.
Sobran los ejemplos de mala praxis y fracaso en el desarrollo urbano de las ciudades cuando los proyectos, por más bien intencionados que sean, son tecnocráticos. Es decir, cuando son elaborados por un grupo de “expertos” que dictan
desde su particular cosmovisión la misión de los mismos, sin implicar a todos los actores y sin generar un verdadero proceso de apropiación colectiva.
A más de un año de haberle entregado el Informe Diagnóstico que realizamos como profesionales interesados por el bienestar de nuestra comunidad y el desarrollo de un futuro de igualdad y oportunidades, debemos señalar con pesar que poco de ese escenario ha sido modificado y que si se continúa evitando la participación de todos los estamentos sociales, seguiremos reproduciendo malas prácticas de gobierno y profundizando desigualdades. De hecho de los 10 puntos señalados como debilidades, solo uno se ha revertido; nos referimos a la necesidad de incorporar profesionales para apuntalar los equipos técnicos. Ahora debemos señalar que hacer foco en esta cuestión y desatender los demás aspectos, vuelve a esos equipos ineficientes desde el punto de vista de la planificación, ya que se perpetúa un modelo de gestión gubernamental que actúa doblegado por la coyuntura. En este sentido, agregaremos que la mera incorporación de profesionales a un área no garantiza por sí misma el desempeño profesional. Es sumamente necesario incorporar una visión y dirección política que sostenga que la planificación se hace para y con la ciudadanía.
Consideramos que está en sus manos volver estos proyectos a una etapa evaluativa y ponerlo en consideración de los tres Colegios Profesionales, en una primera instancia. Además de la ausencia de informe diagnóstico que los fundamente, de búsqueda de consenso social que permita su apropiación, este proyecto en particular ha obviado la legislación vigente que indica que toda conversión de un espacio público en privado requiere la previa desafectación del predio en cuestión, lo que debe ser considerado por la comunidad a través de una audiencia pública.
El mismo mecanismo rige para todo proyecto y obra que pueda alterar el medioambiente, según lo indica en su texto la Ley Provincial 1875:

Art.24. “Todo proyecto y obra que -por su envergadura y características- pueda alterar el medioambiente, deberá contar como requisito previo y necesario para su ejecución, con la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad de aplicación.
El procedimiento para la aprobación Contemplará un régimen de audiencias públicas y de licencias ambientales.”

Entonces y para finalizar, celebrar la aprobación de proyectos que vulneran principios ciudadanos y nos animamos a inferir, constitucionales; debe tratarse seguramente de una cuestión de ignorancia sobre todo lo planteado.

Aprovechamos la oportunidad para renovar nuestro compromiso con la gestión explicitando nuestra intención de participación y colaboración como un actor importante pero no el único, para la planificación estratégica.

Arq. Jorge Pasini
Presidente de la Regional 2 del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén